Chile cuenta con 1.251 grandes ríos, muchos de ellos emblemáticos como el Loa, Maipo, Puelo o el Baker, pero apenas un 1% presenta algún tipo de protección ambiental y ninguno está 100% protegido. Por ello, cuatro ONG se unieron para proponer una Ley de Ríos Salvajes que conserve o restaure aquellos ríos de alto valor ambiental y/o social.
Por Evelyn Pfeiffer de Geute Conservación Sur. Foto portada Macarena Soler.
En Chile, para los que practican senderismo, trekking, trail running u otra actividad en la naturaleza, es bastante común acercarse a algún río o riachuelo para recargar la botella con agua o beber directamente, sin preocuparse de filtros, hervir el agua o de contraer alguna enfermedad. Confiamos que nuestra agua es limpia, especialmente en zonas cordilleranas o en el sur del país.
Pero ¿han pensado que esa acción que parece tan común y simple en realidad es un enorme privilegio? Debemos considerar que solo el 0,007% del agua existente en la Tierra es potable. Que una de cada tres personas del mundo, según datos de la ONU, no tiene acceso a agua limpia y que millones de mujeres y niños deben caminar más de 10 kilómetros diarios para conseguirla. De hecho, cada año mueren 3 millones y medio de personas debido a enfermedades relacionadas con la calidad del agua.
En Chile, en cambio, tenemos el privilegio de tener 1.251 grandes ríos y enormes glaciares en nuestra Cordillera de Los Andes, incluyendo Campos de Hielo, una de las mayores reservas de hielos continentales del mundo, después de la Antártica y Groenlandia. Y no solo eso, aún tenemos varios ríos corriendo, prístinos y salvajes desde la cordillera al mar, y contamos con lugares como Puerto Williams, en la Región de Magallanes, donde se certificó que su agua es la más pura del planeta, según estudios realizados por la Universidad de Magallanes, la Universidad de North Texas, de EE.UU., y el Instituto de Ecología y Biodiversidad de la Universidad de Chile.
A pesar de todo esto, y aunque parezca contradictorio, Chile está viviendo la peor crisis hídrica de su historia. Una crisis que se puede atribuir, en parte, a los efectos del cambio climático global, en parte a la mega sequía que estamos enfrentando en el país -la peor en 60 años-, pero además a la mala gestión de nuestras aguas.
Según un informe de Fundación Chile, el 44% de nuestros problemas hídricos se originan en fallas en la gestión del agua y su gobernanza como, por ejemplo, la descoordinación de las instituciones o la falta de fiscalización. Otro 17% de los problemas detectados por el estudio está provocado por el crecimiento de las actividades productivas y el sobre otorgamiento de derechos de aprovechamiento de aguas. Un 14% tiene como causas el uso de productos químicos de la agroindustria, los pasivos ambientales mineros y la falta de tratamiento de aguas servidas en zonas rurales. Las causas netamente naturales, como la disminución de precipitaciones de agua y nieve, aparecen recién en un cuarto lugar, con un 12%.
El resultado es que Chile ha transitado desde una situación de privilegio hídrico a estar en el puesto 18 en la lista global de países con mayor riesgo de sufrir estrés hídrico. 79 comunas del país cuentan con decreto de escasez hídrica, el Estado gasta más de $30 mil millones anuales en arriendo de camiones aljibe para llevar agua potable a 400 mil personas, y gran parte de nuestros ríos siguen siendo sobreexplotados por parte de la industria agrícola y forestal.
Hacia una protección efectiva
En Chile tenemos algunos mecanismos de protección de ríos como la Reserva de Caudales o Santuarios de la Naturaleza, pero no son suficientes, porque ninguno protege de manera integral un río y no se prohíbe el desarrollo de ningún tipo de actividad en ellos. Además, ninguna de las figuras de protección actuales contempla la posibilidad de restaurar un río. Un ejemplo es lo que sucedió con la ranita del Loa, donde los pocos ejemplares que se conocían en la zona tuvieron que ser rescatados y relocalizados para asegurar su sobrevivencia, en vez de realizar acciones para restaurar su hábitat.
Geute Conservación Sur, está impulsando junto a Terram, Ecosistemas e International Rivers, una norma de ordenamiento territorial que favorezca la protección o salvaguarda de ríos o tramos de ríos de alto valor ambiental y/o social. El objetivo de esta figura es el resguardo de dichos valores, así como también la conservación o restauración de las funciones ecológicas del río y su funcionamiento, asegurando los múltiples usos que sean compatibles con dichos objetivos.
Esta propuesta de ley tiene un enfoque similar al National Wild and Scenic River System de EE.UU., figura de protección donde los ríos, o las secciones de los ríos declaradas, son preservadas como cursos libres y no pueden estar represados o tener otra clase de impedimentos. La designación de un río especifica los tramos que tienen la distinta consideración de «río salvaje» («Wild River»), «río paisajístico» («Scenic River») o «río recreativo» («Recreational River»), según el grado de intervención humana que tengan.
“Debemos entender que los ríos son mucho más que agua fluyendo. Los ríos son sistemas fluviales que transportan nutrientes, capturan carbono y nitrógeno, son soporte de flora y fauna, filtran contaminantes, y son sitios de importancia histórica y cultural. Por ello, no solo queremos proteger sus aguas, sino que también conservar sus valores ecológicos, paisajísticos, recreativos y espirituales. Y, además, tener la posibilidad de restaurar ríos que están dañados”, cuenta Macarena Soler, abogada y fundadora de Geute Conservación Sur.
Soluciones basadas en la naturaleza
Se han planteado diferentes soluciones para salir de la crisis hídrica que enfrentamos, pero, lamentablemente, todas ellas son soluciones que generarían nuevos problemas. Así, por ejemplo, la propuesta de construir una Carretera Hídrica para trasladar agua desde el sur del país a la zona central terminaría por desabastecer nuevas áreas que ya requieren del apoyo de camiones aljibes para proveer de agua potable. La iniciativa pretende construir un gran canal de regadío de cinco tramos para extraer agua desde el Río Queuco, afluente del río Biobío, hacia el norte del país, lo que parece ilógico para una Región donde más de 26 mil personas deben ser abastecidas de agua por camiones.
Otra solución propuesta han sido las plantas desaladoras, que siguen aumentando en número. Ya hay 24 plantas operando y hay otros 22 proyectos en diferentes etapas de avance, sin considerar los severos impactos medioambientales que trae el vertimiento de salmueras al fondo marino. Según un estudio publicado el 2019 en la revista Science of the Total Environment, las 16 mil plantas de desalinización en el mundo producen más residuos tóxicos que agua potable, ya que, por cada litro de agua obtenido del mar o de aguas salobres, un litro y medio de barro salado termina en el océano o la tierra. Toda esa sal adicional aumenta la temperatura de las aguas costeras y disminuye el nivel de oxígeno, lo que puede crear ‘zonas muertas’.
“Creemos que las soluciones deben ser naturales y pensadas a largo plazo, salvaguardando y restaurando los ecosistemas y su biodiversidad. Conservar y restaurar los ríos podría considerarse una solución basada en la naturaleza para la gestión del agua y para la mitigación del cambio climático”, opina Macarena Soler.
Según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) las Soluciones Basadas en la Naturaleza (SbN) son aquellas acciones que se apoyan en los ecosistemas y los servicios que estos proveen, para enfrentar desafíos de la sociedad como el cambio climático o la seguridad alimentaria o el riesgo de desastres. Así, problemas como las inundaciones, o la preservación de caudales de agua, pueden resolverse a través de la conservación y restauración ecológica de cuencas hidrográficas; los desbordamientos de ríos se pueden prevenir con prácticas como la reforestación; o la depuración y mejora de la calidad del agua se puede realizar a través de sistemas de humedales.
Actualmente, existen cuatro casos exitosos de leyes en el mundo que permiten conservar o restaurar de manera efectiva los ríos: EE.UU., Nueva Zelandia, Canadá y Australia. De concretarse esta propuesta, Chile podría ser el próximo.